martes, 21 de agosto de 2018

RESPUESTA ANTE LAS CALUMNIAS DE LA FAMILIA LE BARÓN A INTEGRANTES DE EL BARZÓN




Chihuahua, Chih., a 21 de agosto de 2018.- El día de ayer en nota del Heraldo de Chihuahua, la familia Le Barón mediante su apoderada legal, Gisela Sánchez Villalobos, afirma que integrantes de El Barzón de Galeana rentan nogaleras con plantas cerveceras a directivos de la planta de Heineken de Meoqui sin permisos de explotación ni la documentación de uso de suelo (https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/rentan-barzonistas-nogaleras-con-pozos-a-planta-cervecera-1928836.html).

Aclaramos:

1. En 1967, cuando el Ejido fue dotado de tierras estas se aperturaron al cultivo donde cada ejidatario cuenta con su título de propiedad o parcelario que delimita la superficie a cada uno. 
2. En la década de los 70´s fue otorgada la concesión de agua al Ejido Constitución extraída de la Cuenca del Río del Carmen, correspondiente a 31 800 millones de metros cúbicos anuales para 400 ejidatarios, de cuales actualmente solo hacen uso 23 millones de metros cúbicos anuales debido a escasez de agua de la Cuenca provocada por la explotación ilegal de pozos en la región. Denuncia que emprendieron los barzonistas 6 años atrás -y que ha generado varios asesinatos de nuestros compañeros- y a la fecha no se ha realizado ninguna investigación y sanción.  
3. De acuerdo a la Ley Nacional de Aguas no se pueden transferir derechos de agua de una cuenca a otra, como se menciona en la nota. 
4. Además, como se menciona en el punto anterior, la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen a donde pertenece el Acuífero Flores Magón cuenta con un desabasto de agua, por lo que aun teniendo el derecho que presume la familia Le Barón, se imposible extraer agua. 
5. A la fecha, el Ejido Constitución tiene registradas 850 hectáreas de nogal y no 3,000  hectáreas como lo menciona la nota de prensa. 
6. No todos los ejidatarios de Constitución son integrantes de El Barzón. No nos hacemos responsable por las y los ejidatarios que estén realizado alguna acción ilegal.

En razón de lo anterior:

- Reprobamos que la familia Le Barón continúe con la campaña de desprestigio en contra de las y los ejidatarios de Constitución pertenecientes a El Barzón Chihuahua, por lo que solicitamos a su apoderada legal presente la documentación necesaria para sostener sus acusaciones y se abstenga de utilizar figuras legales para legitimar su ilegalidad. 
- Exigimos a las autoridades correspondientes realicen a la brevedad las inspecciones referente a la documentación de cambio de uso de tierra y explotación ilegal del agua en la zona, incluyendo a la familia Le Barón, la cual hemos venido impulsando de tiempo atrás sin resultado alguno. Es importante reiterar que este conflicto ha venido escalando por la inacción de las autoridades que deben verificar el uso adecuado del agua otorgada por derechos, las que deben sancionar la explotación ilegal y las que deben de resolver las denuncias presentadas desde hace años. 
- Aclaramos que, lejos de prever una situación donde se proteja la vida e integridad de las personas integrantes del Ejido Constitución -quienes se han dedicado a defender el medio ambiente-, contradictoriamente se les ha expuesto constantemente mediante distintos medios de comunicación y a la fecha las autoridades no se han pronunciado al respecto, ni han realizado acciones efectivas para solucionar la situación. Dejando un mensaje de impunidad y de omisión por su parte.
- Por ello, es importante resaltar que las autoridades tienen una obligación reforzada para proteger y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, de acuerdo con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (“Declaración sobre Personas defensores”)
- Por todo lo anterior, recordamos que de acuerdo con el artículo 1º Constitucional, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Por ello, hacemos un llamado urgente para que resuelvan, a la brevedad, con seriedad e imparcialidad, este conflicto que se complejiza innecesariamente.