Cincuenta y dos trabajadores de la educación de la ciudad de Jiménez,
acompañados por dirigentes de El Barzón Chihuahua, Centro de Derechos Humanos
de las Mujeres y Resssiste, organizaciones sociales que han asesorado y
acompañado al colectivo de maestros que fueron víctimas de fraude por la empresa
denominada Grio y diversas Sofomes, presentaron denuncias penales ante la Procuraduría
General de la República en la ciudad de Parral.
Como se ha documentado, la empresa Grio se presentó ante la planta de
maestros/as con el aval del sindicato al que pertenecen, ofreciendo préstamos
de diversas empresas financieras conocidas como Sofomes, tales como: Consupago,
Total Credit, Con dinero, Vyva, Paguitos, Credenz, servicios funerarios del
SNTE y otras, que dieron como resultado un fraude masivo.
Si bien es cierto, existen denuncias penales en la Fiscalía General del
Estado, incluso dos personas se encuentran en prisión preventiva; los delitos
cometidos no se agotan en el ámbito local, debido a que las empresas
involucradas en las actividades financieras violentan diversas disposiciones de
orden federal, ya que son reguladas por leyes federales, como la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio, Ley de Sociedades
Mercantiles, entre otras; por tal motivo la competencia le corresponde a la
Procuraduría General de la República.
Las diversas irregularidades que cometieron las Sofomes constituyen
delitos del ámbito federal al haber replicado los préstamos sin autorización de
los deudores, falsificación de firmas, no consulta del buró de crédito, no se
realizó estudio sobre la viabilidad del crédito, negativa a entregar estados de
cuenta; violentando disposiciones de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
En razón del grave quebranto en el patrimonio familiar de cientos de chihuahuenses
y por tratarse de un endeudamiento que tiene su origen en la ilegalidad,
algunos maestros tomaron la decisión de “no legalizar lo ilegal” y no aceptaron
la renegociación de la deuda propuesta por los sindicatos, solicitaron la
cancelación definitiva de los descuentos en los salarios ante la Secretaria de
Hacienda del Gobierno del Estado y la presentación de denuncias penales.
Por tratarse de un caso emblemático, las denuncias presentadas serán
atraídas por la Delegación General de la PGR con domicilio en ciudad Juárez para
su investigación y en su caso consignación de los responsables, así mismo en fechas
posteriores continuará la presentación de denuncias penales en otras regiones
del estado.
Las organizaciones que acompañan la defensa de los derechos humanos de
las y los maestros brindarán en forma totalmente gratuita el litigio de estas
denuncias penales.
