Irritados por los recientes triunfos y denuncias de El Barzón en contra
de diversas acciones del Gobierno del Estado, éste manipula la administración
de la justicia para criminalizar la protesta social y cobrar venganza de uno de
los pocos contrapesos que existen al autoritarismo prevaleciente en Chihuahua.
El viernes 14 de junio del año en curso, diversos medios de prensa dan cuenta
que la Fiscalía General del Estado inició una investigación, luego de que la
empresa Minera Cascabel interpusiera denuncia por los supuestos delitos de
“robo y destrucción de la propiedad privada” en contra de más de doscientos
integrantes de la comunidad de Benito Juárez, Municipio de Buenaventura en el Estado
de Chihuahua. Según esta empresa, carátula mexicana de la minera canadiense Mag Silver, las y los defensores
del medio ambiente chihuahuense, en su acto de protesta para exigir se
cumpliera la decisión de la asamblea ejidal de sacar el equipo de la minera del
ejido “robaron y destruyeron muestras de extracción minera” por un valor
aproximado de 550 millones de pesos, “fruto” del trabajo de seis años en los
terrenos ejidales.
Además de la absurdo e infundado de la demanda – ¿alguien cree posible
que las muestras que además no se destruyeron, puedan valer 550 millones de
pesos? - lo que es más preocupante es que el Gobierno del Estado se aplique con
inusitada diligencia a su investigación en un estado donde la impunidad de
feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones forzadas ronda en el 98%.
La fabricación de delitos en
contra de dirigentes de El Barzón, que cuentan con Medidas Cautelares otorgadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, es una
acción revanchista y de amedrentamiento perpetrada por el Gobernador César
Horacio Duarte Jáquez contra la organización que ha estado fungiendo como el
más fuerte contrapeso a su política autoritaria y corrupta.
El Barzón Chihuahua, ha enfrentado una campaña sistemática de
desprestigio orquestada desde el Gobierno Estatal que pretende sumergir en el
descrédito a sus dirigentes y generar un rechazo en la sociedad, exhibiéndoles
como personas violentas, esto
allana el camino a que se cumplan las
amenazas de muerte que pesan sobre los dirigentes barzonistas y se pretende
justificar la represión y encarcelamiento de sus líderes.
El pasado mes de mayo del año en curso, los dirigentes Barzonistas
solicitaron al Lic. Jesús Murillo Karam,
Procurador General de la República, coadyuvar en las investigaciones de los
homicidios de Ismael Solorio y Manuelita Solís, defensores ambientalistas
asesinados el 22 de octubre del 2012, denunciando el clima de impunidad y amenazas que enfrentan las y los defensores
de derechos humanos de Chihuahua.
En el pasado Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas celebrado
en Saltillo Coahuila los días 5, 6, 7 de junio, el Gobierno de Chihuahua fue
denunciado públicamente por dirigentes de esta organización por negarse a
reconocer el problema de las desapariciones forzadas en esta entidad
federativa.
El 13 de junio del año en curso, en la reunión nacional de evaluación del
Pacto por México, el coordinador nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar,
presentó una denuncia por la comisión de delitos electorales por parte del
Gobierno del Estado al permitir que regrese la maquinaria de colonos menonitas
a realizar perforaciones ilegales en la cuenca del río Santa María a cambio de
que voten por el PRI en las elecciones del próximo siete de julio.
En Chihuahua donde los partidos políticos han sido cooptados o son muy
débiles para ejercer un verdadero contrapeso a la política autoritaria,
clientelar y nepotista del gobernador César Duarte Jáquez, el activismo y
legitimidad de organizaciones como El Barzón , viene a ser el único mecanismo
de regulación de un poder que cada día se pretende más absoluto y sin rendición
de cuentas.
En relación a los “supuestos delitos” cometidos, es importante que se
conozca la siguiente información:
Ante la ilegalidad en que la mina canadiense pretendía trabajar en la
comunidad de Benito Juárez, el rechazo unánime de la asamblea ejidal les obligó
a salir de esta comunidad dejando abandonado cajas con muestras de tierra, Mag
Silver se comprometió con el Gobierno del Estado a retirar el escombro dejado
en tierras de uso común del ejido y en la reunión de trabajo para la
implementación de MC 388/12 de la CIDH, a favor de defensores de derechos
humanos de El Barzón de fecha 2 de abril del 2013 ante el Gobierno Federal, el
gobierno del estado se comprometió en un
plazo de quince días a “realizar acciones eficaces y expeditas encaminadas a
dar cumplimiento al acuerdo entre las asamblea general del Ejido Benito Juárez
y el Gobierno del Estado de Chihuahua, respecto al desalojo inmediato de
materiales de la empresa minera en la comunidad”.
Finalmente, la empresa minera Mag Silver y su filial Cascabel son las
principales responsables del asesinato de los defensores de Derechos Humanos
Ismael Solorio y Manuelita Solís, y con esta fabricación de delitos, pretenden
evadir la responsabilidad penal por los asesinatos.
Por todo lo anterior hacemos un urgente llamado a todas las
organizaciones y a la ciudadanía a que manifieste su repudio a esta política de
criminalización de la protesta social y del uso autoritario de la justicia para
vengarse de quienes ejercen la crítica y llevan a cabo la defensa de los muchos
sectores aplastados por el gobierno de Duarte.
