El adeudo pendiente de energía agrícola en el estado
de Chihuahua se ha tratado oficialmente como un asunto mercantil de cartera
vencida, como si fuera sólo un problema de cobranza de facturas; siendo una
crisis resultante de criterios de facturación e instituciones rurales que
condujeron muy activamente durante décadas a crear las condiciones de la
presente situación, por el régimen de ambigüedad jurídica del agua y la energía
rural en el que se ha fincado el desarrollo de la agricultura del desierto
chihuahuense, concebido a conveniencia de intereses de corto plazo que, resultan
en severos impactos ambientales y especialmente vulnerables a los
cambios económicos y climáticos de la presente etapa, con el efecto de producir
el vencimiento de costosas facturas de electricidad agrícola, de la estructura
económica afectada por instituciones rurales y por el sistema político del
campo, que requieren ser reformados.
Para ver la perspectiva real de la presente crisis de
pagos de electricidad rural en la región, es necesario remontarse al origen del
reparto de las aguas, realizado en forma masiva por el gobierno federal sin
consultar a los estados afectados, en violación a la esencia del pacto federal,
decidiendo que:
1) El desarrollo agrícola del Desierto Chihuahuense sea
basado en la explotación de los acuíferos del subsuelo del altiplano,
principalmente, mediante costosos pozos de bombeo profundo.
2) El desarrollo de la agricultura en las costas del
Pacífico Norte sea basado en obras masivas de irrigación construidas por la
Federación, con agua originaria de Chihuahua y de Durango, que llega barata por
riego rodado hasta las parcelas de productores sonorenses y sinaloenses.
Eso no estaba previsto en la Constitución, ni fue
parte de la lucha revolucionaria, ni está en el espíritu de mutua confianza y
equilibrio del pacto federal. Tal decisión se tomó hasta la década de los años
cuarenta, bajo presión de los grupos de poder inestables e inconformes con la
expulsión del país del expresidente Calles, cuando se inició la política
federal de construir grandes obras hidráulicas para el aprovechamiento de las
aguas de Chihuahua y de Durango en beneficio de Sonora y Sinaloa.
Al mismo tiempo se
modificaba el quinto párrafo del artículo 27 constitucional, para incluir la
figura del “libre alumbramiento” de aguas del subsuelo con el fin de “facilitar
el aprovechamiento de las aguas nacionales”, en el año de 1945, con el voto de
92 diputados, para la quinta modificación al artículo 27 constitucional, la primera
que no fue por unanimidad.
De tal forma, en la costa
del Pacífico se activaron rápidamente las fuerzas productivas que impulsan la
expansión de tierras de cultivo —en un buen clima para la agricultura, aunque
expuesto al impacto directo de los ciclones y tormentas tropicales—. En tanto
que, en las áreas semidesérticas del altiplano se activó la perforación de
pozos, —con agricultura de mayor sanidad por las temperaturas extremas de frío
y calor y menor siniestralidad que en la costa, en las áreas de riego—, pero limitada
por los costos de bombeo agrícola que, inicialmente se basaba en motores de
combustión interna, hasta que el precio de los combustibles los volvió
incosteables.
Se hizo necesaria la primera
ola de modernización de equipos de bombeo agrícola en los años setenta y ochenta,
cuando la consigna era “electrificar los pozos”, con la Comisión Federal de
Electricidad como punta de lanza del desarrollo del sistema de producción agrícola,
tendiendo líneas de electrificación rural en la entidad, para sustituir los equipos
de combustión interna y ampliar las áreas de cultivo.
Con la ampliación de la red
de electricidad se incrementaron con optimismo los trabajos de perforación de
pozos para incorporar cientos de miles de hectáreas a la agricultura de bombeo
profundo. Poca cosa comparada con la extensión siete veces mayor de la
superficie agrícola de riego en las costas del Pacífico con agua originaria de
Chihuahua. Pero la electrificación de pozos agrícolas fue en su momento un
cauce a la esperanza del campo, que funcionó durante un tiempo.
POLÍTICA HIDRÁULICA “A RÍO
REVUELTO”
La agricultura de bombeo en Chihuahua
se fincó sobre la legislación ambigua que ha permitido muchos pozos perforados
sin cumplir con el requisito constitucional de que, el uso o el aprovechamiento
de aguas y otros bienes nacionales enunciados en los párrafos cuarto y quinto del
artículo 27 constitucional, “no podrá realizarse sino mediante concesiones,
otorgadas por el Ejecutivo Federal”, como lo dicta la
modificación cardenista realizada en 1940 al párrafo sexto del artículo 27.
Pero el párrafo quinto del mismo
artículo, modificado en 1945, dice que “Las aguas del subsuelo pueden ser
libremente alumbradas”, lo que dio lugar a la contradictoria figura de “libre
alumbramiento”, cinco años después de la antes citada modificación cardenista,
estableciendo una contradicción entre los párrafos quinto y sexto del artículo
27 constitucional, de efectos desastrosos porque al paso del tiempo dicha
ambigüedad jurídica permitió “organizar” el descontrol y la sobreexplotación
del agua, que ha conducido entre otras cosas a la crisis de pagos de los
agricultores a la CFE. Por lo siguiente:
La CFE es una autoridad a la
que no le importó electrificar pozos sin concesión de aguas del gobierno
federal tanto como a ilegales, lo que generó el desorden facilitado con la
existencia de pozos de “libre alumbramiento”, con la CFE electrificando pozos sin
pasar por la autorización de la Comisión Nacional del Agua, desbocando el
estado de competencia por el agua del subsuelo.
Fue un sistema legal mal
concebido y peor administrado, porque al permitirse electrificar pozos sin
concesión federal, se dio pie para organizar ese negocio a mayor escala, poniendo
a funcionar miríadas de pozos en áreas de libre alumbramiento, promovidos por
empleados y funcionarios de las instituciones y hasta empresas de capital especulativo
creadas exprofeso a dicho fin, causando daños por la sobreexplotación de los
acuíferos e impactos ambientales por cambio de uso de suelo sin permiso alguno.
Si la CFE electrifica incluso
pozos absolutamente ilegales, con la sola distinción de cobrarles una tarifa
mayor, de ahí a la sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos del
desierto solo hay un paso: el paso del tiempo. No mucho tiempo.
Lógico que cualquiera que
perfora un pozo legal o ilegal quiere sacar la mayor cantidad de agua posible
si ello hace más rentable su inversión, con mayor razón en un régimen permisivo
que deja hacer a voluntad. Las instituciones federales incentivaron y se
constituyeron en actores del desorden en materia de agua en el Desierto
Chihuahuense, que cundió hasta llegar a la competencia arrebatada entre particulares.
Hasta hace poco tiempo la
autoridad del agua manifestaba que no tenía la cifra precisa de cuantos pozos
agrícolas estaban abiertos y funcionando en la entidad. Sin embargo la CFE siempre
ha tenido registro de estos. La CFE sabe a cuántos pozos da servicio y cuál es su
consumo de electricidad, así como puede calcular cuánta agua extrae cada
usuario.
La CFE es el cómplice
material de ilegalidades y de la sobreexplotación del agua del subsuelo, donde ninguna
autoridad ha conseguido poner orden. Sólo la crisis económica, ambiental y consiguiente
huelga de pagos de los agricultores a la CFE, ha frenado algunos excesos en el
uso del agua del desierto y exhibido el abuso y negligencia de las autoridades
federales de electricidad y de agua en el campo.
Cuando la figura de “libre alumbramiento”
aflojó la norma constitucional de contar con una concesión federal para
aprovechar las aguas del subsuelo, el juego se volvió perverso porque la
racionalidad a corto plazo era simplemente perforar, con el respaldo de la CFE que
vendría a electrificar el pozo sin reparar en que fuera ilegal o no.
Actualmente hay muchos pozos
agrícolas afectados por la sobreexplotación de los acuíferos con el abatimiento
de los niveles de los mantos freáticos. Por eso ha sido mayor el efecto de la
aceleración de las tarifas de electricidad agrícola, que desde los años noventa
se volvieron pesadilla, pero llegaron a niveles de desastre con el gobierno de
Fox, con la política a ultranza de “internacionalizar el campo”, como si las agrestes
tierras del desierto tuvieran las mismas condiciones que los privilegiadas campos
agrícolas del Bajío, casi conurbados entre los grandes mercados del centro del
país.
Desde el inicio de su mandato
Fox incrementó sin clemencia las tarifas de electricidad agrícola, además sin
tomar en cuenta que en Chihuahua había una sequía prolongada desde la primera
mitad de los años noventa. Y al noveno año de sequía, en 2001, se inició la
huelga de pagos en protesta contra la política rural, cuando ya era
insoportable el peso de las catástrofes climática, energética y política al
mismo tiempo.
El problema de la cartera
vencida de electricidad agrícola en Chihuahua es sobre todo una crisis
institucional, ante la cual se han erigido mecanismos de resistencia civil, de
la gran mayoría de los agricultores del Desierto Chihuahuense, que en la resistencia
pueden mantener esperanza en el futuro, porque en las instituciones hay desconfianza.
Por eso han fracasado los convenios
firmados de pago y los intentos de cobrar mediante la fuerza el adeudo de
electricidad agrícola, donde se requiere un cambio en el sistema de energía y en
el modelo de producción agrícola del Desierto Chihuahuense.
Para un agricultor promedio del
desierto chihuahuense con un adeudo importante con la CFE, lo más racional en
este momento es mantener su dinero en su poder, porque el tsunami económico de la
carestía energética se está elevando más y amenaza arrasar la economía de las
unidades de producción, ante la indiferencia y el tradicionalismo de la
autoridad rural en la región. Incluso hay daños imputables a CONAGUA y a la CFE
por su complicidad material en las afectaciones a la planta productiva y a la
ecología regional, con las perforaciones ilegales y otras que abatieron los
acuíferos sobre los cuales se fincó la economía agrícola en el desierto.
PLAN HIDROLÓGICO
INTERESTATAL Y ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Lo más razonable es
recuperar la memoria, desde la perspectiva histórica que permite ver la dimensión
del fenómeno, desde el momento en que el Ejecutivo Federal, con grandes obras
hidráulicas otorgó la mayoría de las aguas del estado a otras entidades y a
cambio se creó la figura del libre alumbramiento de las aguas del subsuelo, que
desbocó la competencia por el agua del semidesierto, para el establecimiento del
modelo agrícola del altiplano norte que se encuentra en crisis.
Es necesario hacer recuento,
de los caudales federales invertidos en la extensión de tierras de riego en Sinaloa
y Sonora, para el aprovechamiento de aguas provenientes de Durango y de
Chihuahua, porque eso da una idea de la trascendencia de la inversión necesaria,
para restablecer el equilibrio del pacto federal, en las tierras del desierto chihuahuense
y de la Sierra Madre, con tecnologías de economía del agua y la energía, para
entrar en equilibrio la agricultura del desierto y poner a funcionar los
sistemas alimentarios locales de la cordillera a base agua propia y tecnología
apropiada.
Con el plan hidrológico
interestatal justo y la estrategia de transición energética, sí sería posible
cobrar el adeudo agrícola a la CFE, donde lo cobrado se reinvierta en la propia
región, como se requiere en la presente etapa, para atender las necesidades de
transformación urgente del sistema eléctrico, con el fin de renovar la
estructura de producción de alimentos adecuada al presente.
Son necesarios cambios estructurales
para renacer la esperanza que hace falta, por la inexistencia de un régimen
creíble en relación a las necesidades reales, mediante las autoridades de
energía y del agua colaborando en la eficiencia de los nuevos sistemas productivos
del campo, en esta etapa de caros energéticos y cambio climático.
