Agiotista intenta
desalojar a anciana, policías municipales cercan una colonia para
apoyar al usurero, defensores de derechos humanos acudieron en apoyo de la
mujer, fueron recibidos con brutalidad policiaca y detenidos.
Luis Antonio Laguette Rascón
es el agiotista que el 20 de junio intento desalojar a Martha
Hernandez viuda de Trevizo, una mujer de 74 años de edad, por un adeudo inicial
de siete mil pesos de su fallecido esposo.
En el año 2003, el esposo de
Martha, el Sr. Jesus Trevizo Gutiérrez, inicio un pequeño negocio que no pudo
prosperar, en esa fecha el usurero se quedó con toda la maquinaria de la
familia Trevizo Hernández a cuenta de la deuda, argumentando pagos
de renta.
Con mucho sacrificio el
matrimonio consiguió un préstamo de veinte mil pesos para finiquitar el adeudo,
ya que el agiotista les aseguro que con esta cantidad la deuda se cancelaba,
sin embargo fueron engañados, nunca retiro la demanda.
En el año 2005, Laguette
intento desalojar a la familia y no pudo hacerlo debido a que la sentencia
judicial únicamente le autorizada el 50 por ciento y Martha no era deudora, sin
embargo posteriormente con tráfico de influencias y
corrupción, ilegalmente se adjudicó el otro cincuenta por ciento de
Martha.
Don Jesús y su hermano,
el Padre Trevizo, ambos finandos,
intentaron en múltiples ocasiones llegar a un acuerdo con el agiotista, sin
embargo siempre se negó argumentando que quería la casa y no el dinero.
Martha actualmente es una
mujer anciana, con graves problemas de salud y con discapacidad que el día de
hoy solicito el apoyo de vecinos, familiares y compañeros de El Barzón para
impedir ser arrojada a la calle por una injusta deuda que ella no debe y que
fue pagada totalmente por su esposo.
Laguette se hizo
acompañar de tres actuarias del poder judicial, algo inusual en el trámite de
una diligencia de esa naturaleza, pero entendible cuando quien representa
los intereses del agiotista es el abogado Jaime Justo
Venegas, quien es esposo de la Lic. Nyria Trevizo, funcionaria del
Supremo Tribunal de Justicia.
Decenas de patrullas
cercaron la colonia panamericana ante la indignación de los vecinos y asombro
de los transeúntes y automovilistas que pensaron se trataba de una
ejecución; el acordonamiento de calles se hizo para desalojar a la anciana.
La presidencia municipal envío a los equipos especiales de seguridad
pública EPE que llegaron por decenas ante la petición de influyente abogado del
agiotista.
Gabino Gómez, Martin
Solís y Joaquín Solorio, defensores de derechos humanos, acudieron al llamado
de auxilio donde fueron golpeados, esposados y remitidos a la comandancia
municipal de la zona norte.
El brutal desalojo
coincidió con una reunión que sostuvieron integrantes del Movimiento de Mujeres
con el Secretario General de Gobierno y otros funcionarios, entre
los que se encontraba el Lic. Mario Trevizo, Consejero Jurídico del Gobierno
del Estado y por casualidad sobrino de Doña Martha, la mujer anciana que sufrió
el intento de desalojo.
Lucha Castro explicaba a
los funcionarios que el Código de procedimientos civiles a punto de ser
aprobado, se convertirá en una maquila de pobres, ante los desalojos que
sufrirán miles de chihuahuenses que enfrentan problemas de deudas hipotecarias
o de agiotistas.
La problemática de la
vivienda y los desalojos no es nueva en México ni en Chihuahua. De acuerdo con
la información oficial suministrada por el Poder Judicial del Estado de
Chihuahua, de 2010 a febrero de 2012 tan sólo en la Ciudad de Chihuahua se han
presentado 10,983 demandas para recuperar viviendas. La situación de la Sra.
Martha es tan solo uno de los miles de casos que reflejan estas dramáticas
situaciones, por lo que el Relator Especial sobre una vivienda adecuada como
parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no
discriminación viajó a México y, entre otras cuestiones, recomendó lo
siguiente:
Otro tema que suscita preocupación es la necesidad de una mayor
protección contra los desalojos forzosos, cuestión sobre la que el Relator
Especial recibió muchos testimonios.
En todo el país hay comunidades amenazadas por el desplazamiento y
la mayoría de las familias pobres no recibe protección jurídica ni tiene la
capacidad para presentar un recurso judicial.
Algunos de los desalojos se producen cuando los bancos recuperan las
viviendas de personas que no han podido pagar las hipotecas debido a un aumento
excesivo de los intereses después de la crisis financiera de 1995. […]
A principios de junio de
este año, se denunció esta problemática en un foro sobre derechos económicos,
sociales y culturales realizado por la CIDH en el marco de la Asamblea General
de la OEA celebrada en Asunción, Paraguay. Hoy, nuevamente en el marco de
discusión de los dictámenes de códigos de procedimientos civiles y familiares
de Chihuahua, exigimos a todas las autoridades del Estado mexicano a que, de
una vez y por todas respeten y garanticen el derecho a la vivienda adecuada al
que tenemos derecho todas las personas que residimos en México.
