Chihuahua, Chih., 22 de marzo
de 2015. Junto con más de 30 organizaciones de diferentes países del
continente, el día de ayer, el Barzón Chihuahua se unió a las voces que
denuncian los asentamientos precarios, los desalojos forzosos, las políticas
neoliberales e inadecuadas para garantizar el derecho a la vivienda y a otras
denuncias relacionadas con este importante tema.
La audiencia, solicitada por
organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala Perú, Uruguay, Perú y
México, inició con un panorama general de la pobreza en el continente. Entre
otras cifras, se mencionó que el 80% de la
población de América Latina y el Caribe vive en ciudades —es decir, 482.5
millones de personas—, lo que la hace la región más urbanizada del planeta.
Asimismo, de los 180 millones de pobres en la región, 125 millones viven en
ciudades y 113.4 millones de personas —es decir, el 23.5% de los habitantes de
las ciudades— viven en asentamientos informales. Además, 40 millones de hogares
sufren de hacinamiento (es decir, cuentan con tres o más personas por
habitación), y una de cada tres familias de la región —un total de 59 millones
de personas— habita en una vivienda inadecuada, construida con materiales
precarios o carente de servicios básicos.
Luego de esa introducción, se
dio un testimonio del barrio “Rodrigo Bueno” en Argentina que, aunque cuenta
con 1,200 familias, vive en precariedad por la falta de agua, luz, urbanización
y espacio necesario. Esa situación es compartida por millones de personas en el
continente.
Por su parte, Gabino Gómez
enfatizó la importancia de ver a la vivienda como un derecho y no como una
mercancía. Se refirió a la perversión a la que ha pasado el INFONAVIT,
institución noble creada para proteger a las personas trabajadoras, que ahora ha cambiado sus
reglas y las ha asemejado a la de los bancos. Cientos de familias han abandonado
sus viviendas ante la imposibilidad de seguir pagando debido al desempleo
originado por la violencia que trajo como consecuencia el cierre de negocios.
El Barzón también denunció
las leyes y sentencias judiciales que hacen interpretaciones aberrantes, permiten
desalojos y criminalizan la pobreza por deudas. Ante ello, tan
solo en la ciudad de Chihuahua en el año 2010 al 2012 existían más de 10,000
demandas judiciales para recuperar las viviendas, lo cual ejemplifica lo que
pasa en México y en muchos países del continente.
Gabino Gómez recordó que “atendiendo a la visión
mercantilista y de especulación, en muchos países se construyen los desarrollos
habitacionales en zonas de alto riesgo, contaminadas, fraudes de los
empresarios de la construcción y políticos, casas sobre valuadas con vicios
ocultos, descuentos ilegales que violentan los derechos humanos.”
Finalmente, se narraron casos desgarradores de desalojos
de personas adultas mayores y con discapacidad, y se dieron ejemplos de los
excesivos descuentos que hace el INFONAVIT a diversos trabajadores, los cuales
reciben nóminas de 60 pesos semanales o, en peores casos, no reciben nada de
salario o la nómina les llega con números negativos: es decir, el trabajador
tiene que pagar para trabajar.
Al final de la audiencia se hicieron una serie de
solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que incluya
el derecho a la vivienda en su agenda de trabajo y pueda dar seguimiento al
cumplimiento que tienen los Estados de garantizar una vivienda adecuada a todas
las personas en el continente, especialmente a quienes se encuentran en situaciones
de mayor vulnerabilidad.
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