sábado, 15 de junio de 2013

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN COMPLICIDAD CON LA MINA CANDIENSE MAG SILVER Y SU FILIAL CASCABEL, FABRICA DELITOS EN CONTRA DE DEFENSORES /AS DE DERECHOS HUMANOS DEL MEDIO AMBIENTE



Irritados por los recientes triunfos y denuncias de El Barzón en contra de diversas acciones del Gobierno del Estado, éste manipula la administración de la justicia para criminalizar la protesta social y cobrar venganza de uno de los pocos contrapesos que existen al autoritarismo prevaleciente en Chihuahua.

El viernes 14 de junio del año en curso, diversos medios de prensa dan cuenta que la Fiscalía General del Estado inició una investigación, luego de que la empresa Minera Cascabel interpusiera denuncia por los supuestos delitos de “robo y destrucción de la propiedad privada” en contra de más de doscientos integrantes de la comunidad de Benito Juárez, Municipio de Buenaventura en el Estado de Chihuahua. Según esta empresa, carátula mexicana de la minera  canadiense Mag Silver, las y los defensores del medio ambiente chihuahuense, en su acto de protesta para exigir se cumpliera la decisión de la asamblea ejidal de sacar el equipo de la minera del ejido “robaron y destruyeron muestras de extracción minera” por un valor aproximado de 550 millones de pesos, “fruto” del trabajo de seis años en los terrenos ejidales.

Además de la absurdo e infundado de la demanda – ¿alguien cree posible que las muestras que además no se destruyeron, puedan valer 550 millones de pesos? - lo que es más preocupante es que el Gobierno del Estado se aplique con inusitada diligencia a su investigación en un estado donde la impunidad de feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones forzadas ronda en el 98%.

La fabricación de delitos en contra de dirigentes de El Barzón, que cuentan con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, es una acción revanchista y de amedrentamiento perpetrada por el Gobernador César Horacio Duarte Jáquez contra la organización que ha estado fungiendo como el más fuerte contrapeso a su política autoritaria y corrupta.

El Barzón Chihuahua, ha enfrentado una campaña sistemática de desprestigio orquestada desde el Gobierno Estatal que pretende sumergir en el descrédito a sus dirigentes y generar un rechazo en la sociedad, exhibiéndoles como personas violentas,  esto allana  el camino a que se cumplan las amenazas de muerte que pesan sobre los dirigentes barzonistas y se pretende justificar la represión y encarcelamiento de sus líderes.

El pasado mes de mayo del año en curso, los dirigentes Barzonistas solicitaron al Lic. Jesús  Murillo Karam, Procurador General de la República, coadyuvar en las investigaciones de los homicidios de Ismael Solorio y Manuelita Solís, defensores ambientalistas asesinados el 22 de octubre del 2012, denunciando el clima de impunidad  y amenazas que enfrentan las y los defensores de derechos humanos de Chihuahua. 

En el pasado Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas celebrado en Saltillo Coahuila los días 5, 6, 7 de junio, el Gobierno de Chihuahua fue denunciado públicamente por dirigentes de esta organización por negarse a reconocer el problema de las desapariciones forzadas en esta entidad federativa. 

El 13 de junio del año en curso, en la reunión nacional de evaluación del Pacto por México, el coordinador nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una denuncia por la comisión de delitos electorales por parte del Gobierno del Estado al permitir que regrese la maquinaria de colonos menonitas a realizar perforaciones ilegales en la cuenca del río Santa María a cambio de que voten por el PRI en las elecciones del próximo siete de julio.

En Chihuahua donde los partidos políticos han sido cooptados o son muy débiles para ejercer un verdadero contrapeso a la política autoritaria, clientelar y nepotista del gobernador César Duarte Jáquez, el activismo y legitimidad de organizaciones como El Barzón , viene a ser el único mecanismo de regulación de un poder que cada día se pretende más absoluto y sin rendición de cuentas.

En relación a los “supuestos delitos” cometidos, es importante que se conozca la siguiente información:

Ante la ilegalidad en que la mina canadiense pretendía trabajar en la comunidad de Benito Juárez, el rechazo unánime de la asamblea ejidal les obligó a salir de esta comunidad dejando abandonado cajas con muestras de tierra, Mag Silver se comprometió con el Gobierno del Estado a retirar el escombro dejado en tierras de uso común del ejido y en la reunión de trabajo para la implementación de MC 388/12 de la CIDH, a favor de defensores de derechos humanos de El Barzón de fecha 2 de abril del 2013 ante el Gobierno Federal, el gobierno del estado se comprometió  en un plazo de quince días a “realizar acciones eficaces y expeditas encaminadas a dar cumplimiento al acuerdo entre las asamblea general del Ejido Benito Juárez y el Gobierno del Estado de Chihuahua, respecto al desalojo inmediato de materiales de la empresa minera en la comunidad”.

Finalmente, la empresa minera Mag Silver y su filial Cascabel son las principales responsables del asesinato de los defensores de Derechos Humanos Ismael Solorio y Manuelita Solís, y con esta fabricación de delitos, pretenden evadir la responsabilidad penal por los asesinatos. 

Por todo lo anterior hacemos un urgente llamado a todas las organizaciones y a la ciudadanía a que manifieste su repudio a esta política de criminalización de la protesta social y del uso autoritario de la justicia para vengarse de quienes ejercen la crítica y llevan a cabo la defensa de los muchos sectores aplastados por el gobierno de Duarte.

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