Los juicios orales en materia civil y familiar promueven el despojo y violentan los derechos humanos.
Denunciamos a las autoridades municipales por usar a la policía como cobradores de usureros y banqueros desalojando a las familias de sus viviendas.
Exigimos al Congreso del estado la no promulgación de los Códigos de procedimientos civiles y familiares, para establecer los juicios orales, por violentar los Derechos Humanos.
A partir del 24 de junio iniciamos una jornada de protesta, exigencia, difusión y denuncia en la Plaza de Armas, con el propósito de detener la inminente aprobación de los códigos.
Código de procedimientos civiles. En el Congreso del Estado se cocina un agravio más a las y los Chihuahuenses. Con el pretexto de establecer los juicios orales para hacer expedita la impartición de justicia, sin ningún diagnóstico sobre las causas que hacen largos los juicios e ignorando la crisis económica permanente; sin técnica jurídica, violando la Constitución, con lenguaje sexista, el código: da discrecionalidad excesiva al Juzgador, que promueve la corrupción; pretende tratar igual a los desiguales; convierte las deudas civiles en penales; criminaliza la pobreza; promueve contratos leoninos; autoriza la venta judicial sin necesidad de juicio; limita el derecho a la defensa, desde la notificación; establece como preferentes el embargo en detrimento de los derechos de alimentos y laborales, etc. etc. Esta es una iniciativa hecha para los intereses de banqueros y usureros.
Código de procedimientos familiares. Sin conocimiento de las obligaciones que tienen todas las autoridades para eliminar la discriminación hacia las mujeres, con un lenguaje androcéntrico y conceptos misóginos, la propuesta reproduce los vicios anteriormente descritos, pero además ignoran las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres; el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; no contiene medidas de protección, claras y suficientes; promueve la mediación en casos de violencia familiar, expresamente prohibida en otros ordenamientos legales; establece audiencias legales con o sin las partes; ausencia de procedimientos precisos y accesibles para el reconocimiento legal de paternidad a niñas y niños; garantizar el pago efectivo de pensiones alimenticias; etc. etc. De promulgarse será un retroceso a los avances que en materia de derechos humanos ha logrado el vigoroso movimiento de mujeres.
El Barzón por más de veinte años ha luchado por que las familias no pierdan su patrimonio familiar, en la década de los noventa que se presenta una de las peores crisis económicas del país, con la quiebra masiva de los bancos y el fraude del FOBAPROA, miles de Chihuahuenses que se organizaron lograron renegociar sus deudas, pagar lo justo, gracias a que luchamos defendiéndonos jurídicamente y con la resistencia civil pacífica.
Ahora, nuevamente vivimos una crisis hipotecaria, miles de familias no pueden pagar sus créditos principalmente porque pierden sus empleos y son víctimas de fraudes en la compra de sus viviendas, los están demandando y sin posibilidad de defensa legal, están siendo desalojados, ahora y concretamente en las últimas semanas, la Presidencia Municipal, está enviando a sus policías de élite, quienes con grandes dispositivos llegan y bloquean las calles, con lujo de violencia desalojan a quien se encuentre en la casa, sin respetar en lo mínimo los derechos humanos de estas personas. Lejos están las actuales autoridades del municipio de estar a la altura de quienes en su tiempo declararon “no somos cobradores de los banqueros”.
Ahora vemos, una autoridad comprometida y entregada a los interés del quienes han saqueado, quienes ha especulado con la construcción de viviendas, quienes sin ninguna ética lo único que les interesa es el lucro y la ganancia sin importarles el sufrimiento y las necesidades de las familias despojadas, que no nos vengan a hablar de valores, que no vengan a pregonar los derechos de los chihuahuenses, si no se respeta su derecho humano a la vivienda.
Demandamos del Municipio que hechos como los del día 20 de junio, en el que decenas de policías, con armas de alto poder, fueron a desalojar a una mujer anciana, que ni siquiera deuda tiene, que es víctima de fraude de parte de un prestamista, no se repita.
Chihuahua merece mejores autoridades, las y los chihuahuenses necesitamos una policía que nos cuide de la delincuencia.
Chihuahua no necesita los CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES y FAMILIAR como los que pretenden aprobar que condenará a las presentes y futuras generaciones a ser permanentemente víctimas de violaciones de DERECHOS HUMANOS.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
El Barzón Chihuahua
